Internet Society Spain («ISOC-ES») junto con la Asociación de Usuarios de Internet («AUI»), la Asociación de Internautas («AI»), la Asociación de Técnicos de Informática («ATI») y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas («AEEPP») han solicitado a la Comisión Europea que obligue al gobierno español a suspender la reforma de la «Ley de Propiedad Intelectual» (LPI) en vigor desde el uno de enero.
La denuncia interpuesta se basa en que mediante la adopción de la Medida Legislativa Española, el Reino de España ha infringido una serie de normas de derecho comunitario. En primer lugar, dado que la Medida Legislativa Española impide el correcto funcionamiento del mercado interno, debería haberse notificado por el Gobierno Español antes de su adopción, tal y como exige la Directiva 98/34.
Además ha tenido un sensible impacto negativo sobre la competencia entre editores, perjudicando de manera clara y directa a los medios de menor tamaño o popularidad, quienes han visto como el Reino de España, mediante la nueva regulación, les eleva las barreras de entrada y expansión al dificultarles o impedirles beneficiarse de los agregadores para llegar a audiencias más amplias.
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